Tanto los hechos conocidos por la Guardia Civil, como las acciones de las fiscalías ambientales, muestran un fuerte crecimiento de los delitos. “En 2007 se computaron 130 faltas, en 2017 la cifra se había multiplicado por 4,6”, advierte SEO/BirdLife en el primer avance de un estudio inédito de la organización, que verá la luz en octubre, sobre la efectividad del derecho penal español en la defensa del ambiente.

Según este informe, que forma parte del proyecto ‘Life’ Guardianes de la Naturaleza de la Unión Europea, la inmensa mayoría de los incumplimientos de la legislación ambiental se catalogan como infracciones administrativas, mientras que los delitos ambientales, los que persigue el Código Penal, rondan el 2% desde hace una década.

Fuente, ABC

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